Las Telecomunicaciones en Mexico y en el Mundo

Las Telecomunicaciones.

Desde la primera concesión del servicio público telegráfico otorgada en 1849 hasta las redes con infraestructura de banda ancha (broadband) y aquellas que operan con el protocolo IP (Internet Protocol) o las que soportan tecnología ATM ( Asynchronous Transfer Mode), la historia de las telecomunicaciones en México ha estado íntimamente vinculada con el desarrollo no sólo económico, sino también político nacional. Ejemplo de ello es la utilización del telégrafo en la Batalla del 5 de Mayo de 1862 en Puebla [2] .

La evolución constante del sector de telecomunicaciones es reflejo de los avances tecnológicos. Sin embargo, las políticas de Estado han tenido un papel fundamental en el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en México. Los retos han sido permanentes y diversos. El Derecho como reflejo de una realidad histórica y de los intereses de la Sociedad en aras del bien común, no ha sido ajeno a los cambios. De la ley y reglamento sobre telégrafos decretados por Maximiliano de Habsburgo en 1865 donde establece que el "[...] Gobierno es el único que puede construir l íneas telegráficas en el Imperio [...]"[3] a un marco legal competitivo de la Ley Federal de las Telecomunicaciones de 1995, las telecomunicaciones han cambiado incesante e inimaginablemente.

Los objetivos desde las primeras disposiciones sobre líneas telegráficas [4] hasta las incluidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente ("LFT")[5] han sido constantes: la importancia de las
telecomunicaciones para el desarrollo económico, el interés colectivo y la prestación de servicios. Las leyes deben ser juzgadas en el momento histórico en que se emitieron para comprender la finalidad perseguida con ellas. La legislación en telecomunicaciones ha vivido la transformación del rol del Estado Mexicano. El análisis de las exposiciones de motivos de la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940[6] ("LVGC") y de la LFT reflejan un cambio importante en la función del Estado en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Los motivos de la LVGC evidencian a un Estado responsable de los servicios de telecomunicaciones y de manera excepcional el Estado encomendaría su ofrecimiento a un particular[7] ; en tanto que la justificación del esquema de la LFT es de un Estado como mediador o regulador que otorga certeza para incrementar la participación del sector privado[8] .

Es muy ilustrativo ver la interpretación judicial respecto a la intención del legislador de la LVGC en materia de competencia. La tesis del amparo en revisión RA-207/1975 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Boletín número 18 al Semanario Judicial de la Federación en la página 103, bajo el rubro "Vías Generales de Comunicación, Concesiones para Servicios Públicos en Ellos" estableció en la parte conducente refiriéndose a la LVGC que: "[...] debe estimarse que la intención del legislador, al reglamentar la prestación de servicios públicos en dichas vías, no fue la de permitir la libre competencia, a la manera liberal pura, para que de la concurrencia surgieran condiciones de mejor calidad de servicios y mejor precio en beneficio del público [...] el Estado debe buscar el beneficio del público evitando la libre competencia entre quienes desearían prestar el servicio, [...] lo que se fija como meta es el evitar la duplicidad dentro de la misma zona de influencia, cuando el concesionario inicial o primero en tiempo satisfaga con eficacia las necesidades del servicio, [...]".

En materia de telecomunicaciones, la LFT establece un esquema totalmente distinto al de la LVGC, es decir, la LFT prevé y promueve la libre competencia. Incluso dentro de los objetivos de la propia LFT está el de promover la sana competencia. La determinación de tarifas es también un buen ejemplo del cambio en la política de comunicaciones. La LVGC imponía al Estado el deber de fijar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones [9],..........